JUICIO DE CUENTAS

Es el procedimiento jurisdiccional que lleva adelante el Tribunal, cuando las rendiciones de cuentas que están obligados a presentar los responsables merecen reparos.

La atribución emerge de lo establecido por el inciso 1) del artículo 133º de la Constitución Provincial, que determina que le corresponde “examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. A tal fin los poderes públicos, las municipalidades, y los que administren los caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación”.

A ello, el inciso 3) del mismo artículo del texto constitucional, agrega la competencia para “fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del Estado Provincial”.

Los denominados cuentadantes, de las esferas provincial, municipal, y de las entidades beneficiarias de sibsidios, están obligados a rendir las cuentas de percepción e inversión de las rentas, en los plazos, formas y condiciones que determina la Ley I Nº 3, Orgánica del Tribunal, y demás reglamentos dictados por éste.

Si como consecuencia del estudio de las cuentas, surgen observaciones que impiden que las mismas sean aprobadas y deban formularse cargos o alcances, queda instaurado el procedimiento jurisdiccional del juicio de Cuentas, por el que se procede al juzgamiento de las responsabilidades contables de los obligados, con la valoración de las pruebas de naturaleza documental, que están constituidas por los elementos constitutivos de las respectivas rendiciones, dando lugar al consecuente Fallo del Tribunal.