JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD

Es el procedimiento jurisdiccional que desarrolla el Tribunal respecto de todo funcionario público provincial o municipal, en lo inherente a la responsabilidad patrimonial.

La competencia al efecto surge de lo que dispone el inciso c) del artículo 24º de la Ley I Nº 3, Orgánica del Tribunal.

Es de aplicación, ante lesión patrimonial generada al Estado por la conducta del agente en ejercicio de la función pública, y se inicia cuando al Tribunal “se le denuncian actos, hechos u omisiones susceptibles de producir un perjuicio a la hacienda pública, o adquiera por sí la convicción de su existencia”, según lo que determina el artículo 56º de la Ley Orgánica.

Los obligados a rendir cuentas también pueden ser atraídos al Juicio Administrativo de Responsabilidad, “a) antes de rendirla, cuando se concreta daño para la hacienda pública o para los intereses puestos bajo responsabilidad del Estado; b) en todo momento, cuando se trata de actos hechos u omisiones extraños a la rendición de cuentas; c) después de aprobadas las cuentas en los plazos y condiciones determinadas … cuando sobre la base de documentación no obrante en la rendición de cuentas aprobada, posteriormente se comprueben daños imputables a culpas o negligencias del responsable”, tal lo que establece el artículo 57º de la Ley I Nº 3.