FUNCIONES

ÍNDICE

 

INTRODUCCIÓN

El Tribunal de Cuentas, de raigambre constitucional, es el órgano superior de control externo instituido en la Provincia de Misiones.

Tiene a su cargo el control de legalidad técnico contable de los actos de administración que realizan los tres poderes del Estado, sus organismos y dependencias. Ejerce idéntica competencia respecto de los departamentos ejecutivo y deliberativo que integran cada uno de los municipios, también sometidos a su jurisdicción.

Está encargado de examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, como órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales.

En tal carácter, está atribuido a comprobar que los actos de la gestión abarcados en el ámbito de su fiscalización, se hayan realizado conforme a aquello establecido en las leyes de presupuesto –en la esfera provincial- u ordenanzas presupuestarias –en la comunal-, y demás normas legales aplicables.

Es decir, tiene como cometido asegurar que la gestión de las finanzas públicas se acomode al plexo normativo vigente, comprobando si las actuaciones sometidas a su análisis coinciden con aquello previsto en la norma de aplicación.

Es de la esencia de ese control jurídico, que el parámetro de control esté conformado por normas de derecho, de modificación indisponible para el órgano. Es decir, jurídicamente objetivado y preexistente.

A tal efecto, el Tribunal de Cuentas está dotado de competencia para desarrollar funciones jurisdiccionales y de fiscalización, sin perjuicio de llevar a cabo otras actuaciones que contribuyan a la mejora de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial del sector público, como por ejemplo el asesoramiento a los organismos sujetos a su fiscalización.

Como garantía para el desempeño de sus atribuciones, tiene conferida prerrogativas para que pueda actuar con independencia de todo otro poder en el examen objetivo de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial de la administración.

Para el cumplimiento de su cometido, tiene distribuidas sus funciones en la Presidencia y cada una de las Vocalías Jurisdiccionales.

A la Presidencia le corresponde la representación del Organismo, la dirección del procedimiento y las áreas que desarrollan trámites inherentes al juicio administrativo de responsabilidad, el servicio jurídico y tareas de fiscalización y asesoramiento, así como las demás actividades de apoyo.

Cada una de las dos Vocalías, tienen a su cargo las áreas que realizan estudio de las rendiciones de cuentas y los eventuales procedimientos del juicio de cuentas. Una, respecto de las esferas de la administración provincial y los subsidios; la otra, en la municipal. El estudio de las rendiciones de cuentas que deben practicar los cuentadantes, se realiza bajo la modalidad “in situ” en las cuentas provinciales y en las municipalidades de primera categoría. El estudio de las demás rendiciones –municipalidades de segunda categoría y subsidios-, se realizan luego de la remisión de las cuentas al Tribunal por los respectivos obligados.

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JUICIO DE CUENTAS

Es el procedimiento jurisdiccional que lleva adelante el Tribunal, cuando las rendiciones de cuentas que están obligados a presentar los responsables merecen reparos.

La atribución emerge de lo establecido por el inciso 1) del artículo 133º de la Constitución Provincial, que determina que le corresponde “examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. A tal fin los poderes públicos, las municipalidades, y los que administren los caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación”.

A ello, el inciso 3) del mismo artículo del texto constitucional, agrega la competencia para “fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del Estado Provincial”.

Los denominados cuentadantes, de las esferas provincial, municipal, y de las entidades beneficiarias de sibsidios, están obligados a rendir las cuentas de percepción e inversión de las rentas, en los plazos, formas y condiciones que determina la Ley I Nº 3, Orgánica del Tribunal, y demás reglamentos dictados por éste.

Si como consecuencia del estudio de las cuentas, surgen observaciones que impiden que las mismas sean aprobadas y deban formularse cargos o alcances, queda instaurado el procedimiento jurisdiccional del juicio de Cuentas, por el que se procede al juzgamiento de las responsabilidades contables de los obligados, con la valoración de las pruebas de naturaleza documental, que están constituidas por los elementos constitutivos de las respectivas rendiciones, dando lugar al consecuente Fallo del Tribunal.

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JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD

Es el procedimiento jurisdiccional que desarrolla el Tribunal respecto de todo funcionario público provincial o municipal, en lo inherente a la responsabilidad patrimonial.

La competencia al efecto surge de lo que dispone el inciso c) del artículo 24º de la Ley I Nº 3, Orgánica del Tribunal.

Es de aplicación, ante lesión patrimonial generada al Estado por la conducta del agente en ejercicio de la función pública, y se inicia cuando al Tribunal “se le denuncian actos, hechos u omisiones susceptibles de producir un perjuicio a la hacienda pública, o adquiera por sí la convicción de su existencia”, según lo que determina el artículo 56º de la Ley Orgánica.

Los obligados a rendir cuentas también pueden ser atraídos al Juicio Administrativo de Responsabilidad, “a) antes de rendirla, cuando se concreta daño para la hacienda pública o para los intereses puestos bajo responsabilidad del Estado; b) en todo momento, cuando se trata de actos hechos u omisiones extraños a la rendición de cuentas; c) después de aprobadas las cuentas en los plazos y condiciones determinadas … cuando sobre la base de documentación no obrante en la rendición de cuentas aprobada, posteriormente se comprueben daños imputables a culpas o negligencias del responsable”, tal lo que establece el artículo 57º de la Ley I Nº 3.

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FISCALIZACIÓN

De acuerdo con lo que establece el inciso 2) del artículo 133º de la Constitución Provincial, le compete al Tribunal de Cuentas «) inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley».

A tal efecto «El Tribunal de Cuentas puede, cuando lo juzga conveniente, examinar los libros de contabilidad y la documentación existentes en las oficinas públicas, provinciales o municipales, sean centralizadas o autárquicas, en los cuales se administran o fiscalizan bienes públicos, así como vigilar su funcionamiento, practicar arqueos de caja, etcétera», tal lo que determina el artículo 25º de la Ley I Nº 3 – Orgánica del Tribunal.

La actividad es ejercida a través de verificaciones administrativo contables o mediante procedimientos de auditoría.

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ASESORAMIENTO

Según lo que determina el inciso m) del artículo 24º de la Ley I Nº 3, Orgánica del Tribunal, se Encuentra éste facultado a «asesorar a los poderes del Estado Provincial, cuando estos lo requieren, en la materia de su competencia».

Similar criterio ha adoptado el Tribunal, cuando el asesoramiento sea solicitado por las Municipalidades.

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RED FEDERAL DE CONTROL

En virtud de convenios celebrados entre la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el Tribunal de Cuentas de la Provincia, éste se ha integrado a la Red Federal de Control Público.

“La Red Federal de Control Público se instituye como un emprendimiento organizacional que integra y complementa las Estructuras Estatales de Fiscalización y Auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las Jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecución de la Política Social”.

De esta manera el Tribunal participa en la fiscalización de los programas sociales incluidos en el sistema, mediante acciones de auditoría desarrolladas por equipos de funcionarios afectados a esa actividad.

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